2024.06.14. The Fair Economy — La Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles (ACRC) anunció recientemente que detectó a una asociación y una empresa beneficiarias de subvenciones estatales que malversaron esos fondos, recuperó unos 12.700 millones de wones (unos 9,2 millones de dólares) del presupuesto despilfarrado indebidamente, e impuso fuertes sanciones disciplinarias a los responsables.
Las subvenciones estatales son los subsidios, compensaciones, aportaciones u otros fondos que se otorgan con cargo a las finanzas públicas, conforme a la ley o a las ordenanzas locales, sin recibir a cambio una contraprestación equivalente.
La Comisión confirmó que la asociación A, encargada de ejecutar un proyecto delegado por el Ministerio de Medio Ambiente, se apropió indebidamente de unos 3.900 millones de wones (unos 2,8 millones de dólares) en subvenciones estatales entre 2016 y 2022.
Según la investigación, entre 2016 y 2020 la asociación A pagó a sus empleados salarios superiores a los reales y luego les hizo devolver, a una cuenta separada, la parte que excedía el sueldo mensual fijado por la asociación, desviando así unos 2.700 millones de wones (unos 2 millones de dólares).
Se reveló que, aunque en los recibos de salario de los empleados figuraba una nota de la asociación que decía: "Devuelvan el dinero pagado de más", el organismo supervisor no tuvo conocimiento de ello.
La asociación A también registró de forma falsa a 64 empleados como participantes en el proyecto durante cuatro años, de 2018 a 2022, y se embolsó indebidamente unos 1.180 millones de wones (unos 860.000 dólares) en concepto de costos laborales.
En el proceso se reveló que el vicepresidente ejecutivo de la asociación A, implicado en la malversación de los costos laborales, procedía de un alto cargo del organismo supervisor; como resultado, seis personas relacionadas, incluido dicho vicepresidente, recibieron sanciones disciplinarias.
En otro caso, la empresa B malversó unos 3.400 millones de wones (unos 2,5 millones de dólares) en fondos de investigación y desarrollo mediante métodos como inflar el precio de los productos u obtener facturas fiscales falsas por artículos que en realidad nunca compró.
El Ministerio de Comercio, Industria y Energía recuperó para el erario público un total de más de 9.800 millones de wones (unos 7,1 millones de dólares), que incluyen los fondos de investigación y desarrollo malversados y una multa sancionadora de unos 6.400 millones de wones (unos 4,6 millones de dólares); el director de la empresa B que encabezó el fraude fue condenado a tres años de prisión, con una suspensión de la pena de cuatro años.
Por otra parte, la Comisión está seleccionando áreas vulnerables al fraude en el cobro de subvenciones para investigar cómo cada institución impone las multas sancionadoras correspondientes; como parte de ello, entre octubre del año pasado y abril de este año examinó el sector de los servicios con vales.
El examen reveló que, desde 2020, se detectaron unos 28.000 casos de fraude relacionados con los vales, y que 64 gobiernos locales no habían impuesto multas sancionadoras por un total de unos 22.200 millones de wones (unos 16,1 millones de dólares). La Comisión recomendó a esos gobiernos locales que impongan las multas correspondientes.
Por regiones, la provincia de Gyeonggi encabezó la lista de instituciones con sanciones insuficientes, con 7.500 millones de wones (unos 5,4 millones de dólares) en 34 casos, seguida de ▲Jeolla del Sur (3 casos, 2.460 millones de wones [unos 1,8 millones de dólares]); ▲Chungcheong del Sur (19 casos, 2.230 millones de wones [unos 1,6 millones de dólares]); ▲Busan (11 casos, 1.800 millones de wones [unos 1,3 millones de dólares]); y ▲Seúl (11 casos, 1.400 millones de wones [unos 1 millón de dólares]).
Por tipo de programa, el de apoyo a actividades para personas con discapacidad (77 casos, 15.100 millones de wones [unos 10,9 millones de dólares]) representó la mayoría, seguido por ▲la inversión en servicios comunitarios (37 casos, 6.000 millones de wones [unos 4,3 millones de dólares]) y ▲el servicio de actividades diurnas para personas con discapacidades del desarrollo (3 casos, 200 millones de wones [unos 145.000 dólares]).
Asimismo, la Comisión mantiene un período intensivo de denuncias hasta finales de julio para prevenir el fraude en el cobro de subvenciones estatales.
La identidad y la confidencialidad del denunciante quedan estrictamente protegidas desde el momento mismo en que se recibe la denuncia, y si esta permite la recuperación directa de ingresos para una institución pública, el denunciante puede recibir, según su grado de contribución, una recompensa de hasta 3.000 millones de wones (unos 2,2 millones de dólares).
Jung Seung-yun, vicepresidente y secretario general de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, afirmó: "El dinero del Estado proviene de los impuestos de los ciudadanos, por lo que no se puede desperdiciar ni un solo céntimo". Y añadió: "Para erradicar el fraude en el cobro de subvenciones, fomentaremos las denuncias y examinaremos intensivamente los sectores donde este tipo de fraude es frecuente, como los fondos de investigación y desarrollo".
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