2026.10.29. The Fair Economy — A partir de 2028, comenzando con las empresas de más de 100 empleados, se hará obligatoria la acumulación externa de las prestaciones por jubilación en todas las empresas para 2030. También se introducirá un plan de pensiones de jubilación basado en fondos, gestionado por gestores profesionales.
El calendario de aplicación es el siguiente: empresas con 100 o más empleados (enero de 2028), entre 10 y 99 empleados (2029) y menos de 10 empleados (2030). La obligación se aplicará a partir del período de servicio continuo que comience tras la entrada en vigor de cada etapa.
El Gobierno anunció el día 29, de manera conjunta con los ministerios relacionados, el 'Plan para el fortalecimiento de las funciones de las pensiones de jubilación', tras una consulta entre el partido gobernante y el Gobierno en el Comité de Clima, Energía, Medio Ambiente y Trabajo, y una reunión de ministros de economía.
Actualmente, las empresas acumulan internamente las indemnizaciones por retiro, lo que implica un alto riesgo de impago. La tasa de adopción de los planes de pensiones de jubilación se limita al 26,5%, y los planes de pensiones de jubilación de tipo contractual presentan baja rentabilidad y frecuentes retiros anticipados, por lo que su función de garantía para la vejez resulta insuficiente. El año pasado, las indemnizaciones por retiro representaron el 41,1% del total de salarios impagados, unos 822.900 millones de wones (unos 610 millones de dólares).
El Gobierno preparará la enmienda a la Ley de Garantía de Prestaciones de Jubilación de los Trabajadores en noviembre y promoverá su aprobación en la Asamblea Nacional antes de fin de año. Tras un período de preparación de un año desde la entrada en vigor de la ley, se implementará de manera gradual.
Se considera que la obligatoriedad del depósito externo es la medida más eficaz para reducir el riesgo estructural de impago salarial.
El plan de pensiones de jubilación basado en fondos es un sistema en el que un tercero especializado (la entidad fiduciaria) gestiona los activos acumulados, y las ganancias y pérdidas se atribuyen a los participantes. Se aplicará a los planes de aportación definida (DC) y a los planes individuales de jubilación (IRP).
La entidad fiduciaria deberá obtener la autorización del ministro de Empleo y Trabajo tras la revisión de un comité de autorización integrado por representantes de trabajadores y empresarios, expertos y el Gobierno. El proceso se estructura en dos etapas: autorización preliminar y autorización definitiva.
La ley establecerá el principio de prioridad de los intereses de los afiliados para las entidades fiduciarias del fondo. Se impondrá una fuerte responsabilidad fiduciaria, incluyendo la responsabilidad por daños y perjuicios en caso de incumplimiento y el derecho de los afiliados a reclamar indemnización.
El presente plan es una medida de seguimiento a la declaración conjunta adoptada el 6 de febrero pasado por el grupo de trabajo (TF) tripartito de trabajadores, empresarios y Gobierno. Su contenido central es la obligatoriedad del depósito externo de las prestaciones de jubilación y la introducción de la pensión de jubilación basada en fondos. Se trata del primer caso en que trabajadores, empresarios y Gobierno acuerdan una reforma estructural del sistema desde su introducción hace 20 años. Sin embargo, la forma de aplicación para los trabajadores con menos de un año de antigüedad y los trabajadores de empleo especial quedó como tarea pendiente.
Según datos de 2024, un total de 1.210.218 empresas no han adoptado un plan de pensiones de jubilación. De estas, el 98,5% corresponde a empresas con menos de 30 empleados, y la tasa de adopción entre las empresas con menos de 5 empleados fue del 10,6%, igual que en 2020. La tasa de adopción general también se mantuvo en el 26,5%, estancada en el rango del 26% durante cinco años consecutivos.
Por sectores, el de alojamiento y restauración registró la tasa más alta de no adopción, con un 93,8%. El Gobierno realizó una encuesta de campo entre abril y julio pasados a 1.500 empresas que no habían adoptado el sistema. Los empresarios respondieron que se necesitaban medidas como un apoyo gubernamental temporal para las aportaciones, préstamos de fondos de política o tasas preferenciales temporales de garantía.
La participación del Servicio Nacional de Pensiones en el mercado se ha convertido en un punto de controversia en torno a la introducción del fondo de pensiones de jubilación de tipo fondo. El año pasado, el Servicio Nacional de Pensiones obtuvo una rentabilidad del 18,8%, aproximadamente tres veces superior a la media de las pensiones de jubilación (6,47%), y su ratio de coste total fue del 0,089%, significativamente inferior al de las pensiones de jubilación (0,336%). Por otro lado, las entidades financieras privadas protestaron, argumentando que la entrada de instituciones públicas al mercado es injusta.
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