2024.06.24. The Fair Economy — El Servicio de Investigación Legislativa de la Asamblea Nacional anunció el día 25 la publicación de un informe de la serie "Temas y Perspectivas" titulado "Medidas para reforzar la eficacia del control judicial sobre la legislación administrativa".
Según el informe, conforme a la Constitución, los tribunales tienen la autoridad para revisar si los decretos, reglamentos y disposiciones violan la Constitución o las leyes, cuando ello sea un presupuesto del juicio.
Sin embargo, incluso si el tribunal determina que un decreto o reglamento es inconstitucional o ilegal, no pierde su vigencia de inmediato; se requiere una modificación por parte del órgano administrativo competente.
El Gobierno tiene la obligación de mejorar las normas que un organismo competente haya declarado inconstitucionales o ilegales, pero existen aspectos que deben mejorarse en el proceso mediante el cual las resoluciones sobre inconstitucionalidad e ilegalidad dictadas en procedimientos judiciales —como las sentencias de los tribunales o los juicios administrativos, un procedimiento cuasi judicial interno de la Administración— se transmiten al organismo competente.
El informe analizó los problemas evidentes en el sistema actual y las posibles soluciones que pueden considerarse para la mejora institucional futura.
El artículo 6 de la vigente Ley de Litigios Administrativos, que designa al ministro del Interior y Seguridad como destinatario de la notificación, la limita a las sentencias del Tribunal Supremo y exige que el anuncio se publique en el boletín oficial, lo cual presenta limitaciones a la hora de dar lugar a una reforma legislativa. Por ello, se pueden estudiar medidas como ampliar los destinatarios de la notificación, ampliar su objeto y añadir al contenido del anuncio los puntos esenciales de la sentencia.
Actualmente, el sistema de notificación solo está previsto para el contencioso-administrativo. Sin embargo, dado que el control normativo también se lleva a cabo en los procesos civiles, penales y de jurisdicción voluntaria, es necesario establecer una base legal también en esos procedimientos.
Se señala que, en virtud de la Ley de Recurso Administrativo, es necesario establecer un canal para que las decisiones de ilegalidad o improcedencia, adoptadas en procesos distintos a los de la Comisión Central de Recursos Administrativos, se transmitan al órgano administrativo competente y a los ministerios encargados de asuntos jurídicos y de la revisión de leyes y reglamentos.
La Administración actual recurre con frecuencia a la legislación administrativa como medio para alcanzar sus objetivos, por lo que el control de la adecuación de dicha legislación cobra cada vez más importancia. En particular, deben corregirse primero las deficiencias del sistema de retroalimentación legislativa necesario para garantizar la eficacia del control judicial previsto por la Constitución.
Para garantizar la legalidad de la Administración y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, es necesario establecer un canal que permita reflejar adecuadamente en las mejoras legislativas las resoluciones adoptadas en los procedimientos judiciales.
El informe concluyó que lo deseable es examinar esta cuestión desde el punto de vista del respeto a los órganos constitucionales, dentro de un marco que no comprometa su autonomía.
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