2024.07.19. The Fair Economy — La Comisión de Derechos y Bienestar del Público ha confirmado que existen casos en los que el personal de las empresas públicas locales, instituciones de inversión y aportación local y otras instituciones públicas locales comete conductas sexuales inapropiadas o conduce bajo los efectos del alcohol y, sin embargo, no recibe sanciones, y para abordar estas deficiencias institucionales ha elaborado el "Plan de prevención de la omisión de sanciones por conductas sexuales inapropiadas y conducción bajo los efectos del alcohol en instituciones públicas locales" y lo ha recomendado al Ministerio del Interior y Seguridad y a los gobiernos locales, según informó recientemente.
Actualmente, los funcionarios públicos y los empleados de las instituciones públicas bajo la "Ley de Operación de Instituciones Públicas" tienen un plazo de prescripción de sanciones de 10 años para conductas sexuales inapropiadas, incluyendo prostitución, violencia sexual y acoso sexual, mientras que el personal de las instituciones públicas locales, según la "Ley de Empresas Públicas Locales" y otras normas, solo dispone de un plazo de prescripción de 3 años.
Según una encuesta de la ACRC, de las 291 entidades públicas locales, 248 (aproximadamente el 85%) tienen un plazo de prescripción de 3 años para faltas sexuales. Además, se confirmaron casos en los que, debido a este plazo demasiado corto, la entidad no pudo imponer una sanción disciplinaria aunque hubiera tenido conocimiento de la falta, porque el plazo había prescrito.
Además, leyes como la 'Ley de Funcionarios Públicos del Estado' establecen que, cuando los organismos de investigación o la Auditoría Suprema inician una investigación sobre un funcionario público, deben notificarlo a la entidad de adscripción. Sin embargo, a diferencia de los funcionarios públicos, a quienes se notifican todos los casos de investigación, en el caso de los empleados de entidades públicas locales la notificación se limita a los casos relacionados con sus funciones, por lo que existe el riesgo de que la entidad no se entere a tiempo de una investigación por falta sexual o conducción en estado de ebriedad.
De hecho, la encuesta de la ACRC reveló que, en seis entidades públicas locales, un total de nueve personas fueron detectadas por conducción en estado de ebriedad, pero al no ser notificadas a sus entidades, el plazo de prescripción expiró y solo recibieron amonestaciones o advertencias.
Por otro lado, para complementar el actual sistema que no notifica a la entidad empleadora cuando se detecta conducción bajo los efectos del alcohol, algunas instituciones públicas locales han implementado sistemas de autoinspección, como el "sistema de auto‑reporte de conducción bajo los efectos del alcohol" o el "sistema de verificación del certificado de historial de conducción", pero, al no estar especificado en las normas o directrices de la autoridad superior, pocos organismos lo han adoptado.
Por ello, la ACRC ha decidido modificar la 'Ley de Empresas Públicas Locales' para ampliar a 10 años, igual que para los funcionarios públicos, el plazo de prescripción disciplinaria por faltas sexuales de los empleados de entidades públicas locales, e incluir las faltas sexuales y la conducción en estado de ebriedad en los casos que los organismos de investigación deben notificar a las empresas públicas locales y a los organismos de inversión y contribución locales.
Asimismo, se ha decidido ajustar las normativas para que los gobiernos locales puedan introducir sistemas de autocontrol de conducción en estado de ebriedad, como la verificación del certificado de historial de conducción, cuando realicen auditorías a las entidades públicas locales bajo su competencia, o cuando estas realicen sus propias auditorías.
Kim Tae-gyu, vicepresidente de la ACRC, declaró: "Con esta mejora institucional, se espera que se fortalezca aún más la ética y la integridad de los empleados de entidades públicas locales, que tienen un estatus similar al de los funcionarios públicos".
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