2026.10.15. The Fair Economy — El equipo de la fiscalía especial de la Comisión Electoral allanó 10 lugares, entre ellos las comisiones electorales de Busan, Gyeongnam y Gyeongbuk, e inició una investigación sobre las sospechas de privilegios exclusivos en los contratos de almacenamiento de artículos electorales, los llamados "contratos de almacén".
El fiscal especial de la Comisión Electoral, Lee Tae-han, informó que desde las 9:30 de la mañana del día 15 se están realizando allanamientos en un total de 10 lugares —tres comisiones electorales provinciales y metropolitanas, cinco comisiones electorales municipales y de distrito, el Instituto de Formación Electoral y residencias de funcionarios de la Comisión Electoral— por cargos de incumplimiento de deberes y obstrucción de licitaciones, entre otros.
Los lugares allanados incluyen las tres comisiones electorales provinciales y metropolitanas de Busan, Gyeongnam y Gyeongbuk, y cinco comisiones electorales municipales y de distrito: el condado de Chilgok (Gyeongbuk), el distrito de Nam en Pohang, la ciudad de Sacheon (Gyeongnam), el distrito de Dongnae en Busan y el condado de Ulju en Ulsan. También se incluyeron el Instituto de Formación Electoral, ubicado en la ciudad de Suwon (Gyeonggi), y residencias de funcionarios de la Comisión Electoral.
La fiscalía especial desplegó un total de 34 agentes en el lugar, incluidos 10 investigadores forenses. Dado el gran número de investigadores forenses movilizados, se espera que el allanamiento se centre en equipos electrónicos, entre otros elementos.
El equipo de la fiscalía especial confirmó indicios de que las comisiones electorales de Busan, Gyeongnam y Gyeongbuk han venido firmando desde 2022 contratos de almacenamiento de artículos electorales de forma continua con una empresa específica, otorgándole privilegios exclusivos. El contrato de almacenamiento de artículos electorales es el que se firma para guardar en un almacén los artículos utilizados en las elecciones, y se lo conoce como "contrato de almacén".
Este allanamiento se produjo después del realizado el día anterior en la Comisión Electoral Nacional y en empresas de artículos electorales, entre otros cinco lugares. El equipo de la fiscalía especial había confirmado indicios de connivencia entre la Comisión Electoral Nacional y una empresa específica en el proceso de fabricación de los conjuntos de artículos para los centros de votación de la 21.ª elección presidencial y de las elecciones locales del 3 de junio, por lo que inició una investigación forzosa el día anterior.
El equipo de la fiscalía especial declaró: "No solo en la Comisión Electoral Nacional, sino también en las comisiones electorales de cada región se confirmaron indicios de connivencia con una empresa específica", y agregó: "Con base en el análisis de los materiales incautados, esclareceremos la corrupción estructural en la gestión general laxa de las comisiones electorales de todos los niveles y exigiremos una responsabilidad estricta a los implicados."
El equipo de la fiscalía especial tiene previsto analizar los materiales incautados para esclarecer las circunstancias de la firma de los contratos, si se otorgaron privilegios y el grado de participación de los implicados.
La fiscalía especial de la Comisión Electoral se inauguró oficialmente el 7 de septiembre, en virtud de la ley de fiscalía especial promulgada el 30 de julio del mismo año mediante acuerdo entre el partido gobernante y la oposición, a raíz del incidente de escasez de papeletas de voto en las elecciones locales del 3 de junio. La fiscalía está encabezada por el fiscal especial Lee Tae-han, y las sospechas objeto de investigación suman 12, entre ellas el incidente de escasez de papeletas, la manipulación de estadísticas de votación, viajes de negocios que en realidad eran de placer, privilegios en contrataciones y ascensos irregulares, y privilegios en contratos directos y connivencia con empresas.
El equipo de la fiscalía especial llevó a cabo su primer allanamiento el 17 de septiembre, poco después de su inauguración, en nueve lugares, entre ellos la Comisión Electoral Nacional y comisiones de Gyeonggi, Incheon, Busan y Daegu, y desde entonces ha realizado una investigación en todos los frentes, incluido el destacamento permanente de investigadores forenses en la Comisión Electoral Nacional.
Indicios similares sobre las sospechas de privilegios en los contratos de almacén ya habían surgido en agosto, antes de la inauguración de la fiscalía especial, en la investigación del Cuartel Conjunto de Investigación de la Fiscalía y la Policía (CCI). El CCI allanó, el 14 de agosto, la Comisión Electoral Nacional, el ayuntamiento de Seúl, la comisión electoral de la provincia de Gyeonggi y las empresas participantes en la licitación, por sospechas de haber favorecido a una empresa específica en el proceso de contratación de servicios de artículos electorales, entre ellos las urnas de votación anticipada.
Según los resultados de la investigación de entonces, tres empresas en las que participaban un exjefe de sección de un partido, identificado como A, su cónyuge y su hijo, firmaron un total de 103 contratos, por un valor de 17.500 millones de wones, de los cuales 90 eran contratos directos.
La corrupción en los contratos de la Comisión Electoral no es un hecho nuevo. El día 15, durante la auditoría parlamentaria al Servicio de Adquisiciones Públicas realizada por el Comité de Finanzas y Economía de la Asamblea Nacional, el diputado Park Su-yeong afirmó que "el 88,5% de los contratos de licitación que la Comisión Electoral encargó al Servicio de Adquisiciones Públicas fueron contratos directos" y exigió una revisión general. En particular, señaló que, en el caso de las máquinas clasificadoras de papeletas, de los 11 contratos firmados en 10 años, solo en una ocasión compitieron dos empresas, y planteó la sospecha de que las empresas se habrían repartido los suministros según el tipo de elección. Ante esto, el director del Servicio de Adquisiciones Públicas, Baek Seung-bo, respondió: "Parece que hay fuertes sospechas de prácticas desleales."
Las reacciones políticas a la investigación del fiscal especial de la Comisión Electoral están divididas. El Partido del Poder Popular critica que el fiscal especial no está divulgando adecuadamente el progreso de la investigación. El miembro del comité supremo Kim Min-su señaló en la reunión del comité supremo del 12 de octubre de 2026: "Han pasado 35 días desde el establecimiento del fiscal especial de la Comisión Electoral, pero prácticamente no se ha divulgado el progreso de la investigación que los ciudadanos puedan verificar. El fiscal especial de la insurrección ha realizado 25 sesiones informativas, el de Kim Keon-hee 34, y el del caso del marine Chae 36, pero el de la Comisión Electoral solo ha realizado 4". Por otro lado, el Partido Demócrata de Corea, en la auditoría estatal de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional, criticó la responsabilidad de la Comisión Electoral y exigió cooperación con la investigación del fiscal especial.
El período de investigación del fiscal especial es de un máximo de 150 días según la ley, lo que equivale a principios de febrero del próximo año. Sin embargo, se menciona la posibilidad de extensión si la investigación se prolonga. Actualmente, el número de fiscales enviados al equipo es de unos 17, por debajo del límite legal de 20. El equipo solicitó la asignación adicional de 10 investigadores de la Oficina de Investigación de Delitos Graves, pero se sabe que las negociaciones no han sido fluidas. Un funcionario del equipo declaró: "Con el registro y otras investigaciones en curso, necesitamos urgentemente personal, pero el retraso en la asignación de refuerzos nos pone en una situación muy difícil".
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