2026.10.13. The Fair Economy — La gobernadora de Gyeonggi, Choo Mi-ae, recibió este día 13, en su primera auditoría estatal desde que asumió el cargo, un intenso fuego cruzado de legisladores de ambos partidos por su gestión provincial en general: declaraciones sobre política central, declaración de emergencia fiscal, residencia oficial de 1.200 millones de wones, petición de destitución de 30.775 personas, y retraso en nombramientos de 1.130 personas.
La gobernadora Choo asistió a la audiencia de la Comisión de Administración y Seguridad de la Asamblea Nacional, celebrada ese día en la sede de la provincia de Gyeonggi, donde recibió estas críticas.
El diputado Park Sang-ung, del Partido del Poder Popular, señaló que la gobernadora Choo Mi-ae había publicado ocho entradas en sus redes sociales sobre el candidato a director de la Oficina Central de Investigación Criminal, Kim Ji-yong, y 14 sobre política central, y cuestionó: "¿Ha abandonado la gestión que 14 millones de residentes le han confiado para meterse en los asuntos de la política central?". Por su parte, el diputado Lee Gwang-hui, del Partido Demócrata de Corea y miembro de la Comisión de Administración y Seguridad, criticó la reducción de la proporción de cofinanciación provincial para los proyectos de apoyo a las ciudades y condados, calificándola de "una marcha unilateral sin comunicación".
La gobernadora Choo replicó sobre su actividad en redes sociales: "No hay ni un ápice de descuido en la gestión provincial". Ante la controversia sobre la residencia oficial, aclaró: "Es una vivienda en régimen de alquiler, no un lujo ostentoso". En cuanto al retraso en los nombramientos, anunció: "Diagnosticaremos la organización desbordada y la rediseñaremos de forma eficiente; tras obtener la aprobación del Consejo Provincial, ejecutaremos los nombramientos en enero del próximo año".
Poco después de tomar posesión, a principios de julio, Choo declaró una crisis fiscal en Gyeonggi y anunció un recorte drástico de los presupuestos de proyectos que no fueran esenciales para la vida cotidiana. Su juicio se basó en que, aunque la deuda aumentó debido al gasto expansivo del anterior gobierno provincial, no se había consolidado la base de ingresos.
La provincia de Gyeonggi ha iniciado una reestructuración de gastos por valor de 545.600 millones de wones, tras revisar desde cero 1.355 proyectos. La reducción de las partidas para las instituciones dependientes ha generado preocupación en algunos organismos, que temen no poder pagar los salarios a fin de año. La gobernadora Choo señaló la estructura de ingresos como causa raíz de la crisis fiscal y propuso tres tareas clave: elevar la tasa del impuesto al consumo local, transferir una parte del impuesto sobre sociedades y convertir los fondos de bomberos. En este proceso, el presupuesto para la movilidad de las personas con discapacidad fue recortado drásticamente en los presupuestos adicionales, lo que provocó la reacción de las organizaciones ciudadanas; incluso el día de la audiencia se celebró una rueda de prensa frente a la sede provincial.
La causa de la crisis fiscal de la provincia de Gyeonggi también generó un intercambio de reproches entre el actual y el anterior gobernador. Desde su toma de posesión, la gobernadora Choo ha mencionado la "deuda de más de 7 billones de wones" para cuestionar la política fiscal expansiva de la administración anterior. En cambio, el exgobernador Kim Dong-yeon replicó el 15 de septiembre: "La política fiscal expansiva no fue un error, sino una elección responsable", y añadió: "No estamos ante una crisis fiscal". El grupo del Partido del Poder Popular en la Asamblea Provincial de Gyeonggi la calificó de "prácticamente una declaración de quiebra", y dentro del Partido Demócrata de Corea también se revelaron discrepancias sobre las bases de la declaración de emergencia fiscal.
Aunque la gobernadora afirmó que se dedicó a responder a la crisis fiscal durante los primeros 100 días de su mandato, casi sin salir a tiempo, los funcionarios de la oficina provincial se quejan de una baja moral debido a que los nombramientos de alrededor de 1.130 altos cargos han estado congelados durante más de seis meses.
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