2026.10.26. The Fair Economy — En la auditoría general del Comité de Interior y Seguridad de la Asamblea Nacional, el oficialismo y la oposición exigieron mutuamente la denuncia por perjurio por las respuestas que el alcalde de Seúl, Oh Se-hun, y la gobernadora de la provincia de Gyeonggi, Choo Mi-ae, dieron durante la inspección parlamentaria. El Partido Demócrata de Corea, en el poder, cuestionó las sospechas de soborno en el proyecto del autobús fluvial del río Han, mientras que el Partido del Poder Popular, en la oposición, planteó la polémica por los vehículos oficiales de alta gama. Kim Ji-yong, jefe de la Oficina de Investigación de Delitos Graves, afirmó que examinaría más a fondo las sospechas relacionadas, pero aclaró que el presunto abuso de autoridad vinculado a la suspensión de la solicitud de investigación no es competencia de esa oficina.
En la auditoría general del Comité de Interior y Seguridad del día 26, el diputado del Partido Demócrata de Corea Kim Yeong-bae exigió la denuncia por perjurio del alcalde Oh.
El diputado Kim Yeong-bae sostuvo que el alcalde Oh cometió perjurio en varias ocasiones ante el Comité de Interior y Seguridad y el Comité de Territorio, Infraestructura y Transporte. Dijo que "una línea extraoficial, la llamada línea política, que ni siquiera figura en la cadena de aprobación, obstruyó la auditoría y la solicitud de investigación", y agregó que "es peor que la línea de Choi Sun-sil". El diputado del Partido Demócrata de Corea Lim Ho-seon propuso la denuncia al calificar de perjurio la respuesta del alcalde Oh de que el presupuesto de la Ciudad de Seúl no se destina al proyecto del autobús fluvial del río Han. El diputado del Partido Demócrata de Corea Lee Sang-sik cuestionó, por el mismo motivo, las declaraciones del alcalde Oh sobre el maratón de Seúl.
En la misma sesión, el diputado del Partido del Poder Popular, Kang Myeong-gu, solicitó la denuncia de la gobernadora Choo.
El diputado Kang Myeong-gu señaló que la gobernadora Choo explicó, durante la inspección parlamentaria a la provincia de Gyeonggi, que había reemplazado el vehículo oficial porque había cumplido su vida útil. Sin embargo, pidió la denuncia por presunto perjurio al revelar que se trató de una sustitución encubierta en la que se manipuló el período de vida útil. Según explicó, se dio de baja otro vehículo oficial de uso distinto que ya había cumplido su vida útil, se trasladó a otro destino el vehículo que venía usando la gobernadora y luego se le asignó uno nuevo. Añadió que el vehículo de protocolo que usaba el exgobernador Kim Dong-yeon era un Carnival del año 2022, y que a la gobernadora se le asignó un vehículo nuevo valorado en casi 80 millones de wones (unos 57.000 dólares).
El presidente de la comisión parlamentaria, Kim Yeong-jin, dijo que la auditoría y las denuncias relacionadas con la gobernadora Choo y el alcalde Oh se tramitarían conforme a los procedimientos de la Ley de la Asamblea Nacional, tras consultas entre los coordinadores de los partidos y deliberación de la comisión.
En la misma sesión también hubo un enfrentamiento por la presencia del jefe de la Oficina de Investigación de Delitos Graves en el Consejo de Ministros.
Los diputados del Partido del Poder Popular Kwon Yeong-jin y Park Sang-ung criticaron que la presencia de un jefe de órgano de investigación en la reunión ministerial podría comprometer su neutralidad política. El diputado Park señaló que entre 2000 y 2025, durante unos 25 años, el fiscal general no había asistido a ninguna reunión ministerial. El diputado del Partido Demócrata de Corea Yang Bu-nam replicó que, según la Ley de Organización Gubernamental, la asistencia de un director de oficina externa no contraviene la ley ni afecta a su independencia. El director Kim asistió a la reunión ministerial inmediatamente después de tomar posesión el día 20, y el presidente Lee Jae-myeong ordenó en diciembre del año pasado que las oficinas externas también acudieran a las reuniones ministeriales salvo circunstancias especiales.
La Oficina de Investigación de Delitos Graves se creó bajo el Ministerio del Interior y Seguridad tras la abolición de la Fiscalía mediante la reforma de la Ley de Organización del Gobierno, vigente desde octubre de este año. La ley de creación, aprobada por el Comité de Interior y Seguridad el 18 de marzo, estableció que su competencia se centraría en seis categorías de delitos graves: corrupción, economía, narcóticos, ciberdelitos, proyectos de defensa, e insurrección y traición. Dispuso que, en casos concretos, el ministro del Interior y Seguridad solo pudiera dirigir y supervisar al jefe de la oficina. En su momento, el Partido del Poder Popular se opuso al considerar excesivas las facultades del ministro del Interior y Seguridad.
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