2024.06.20. The Fair Economy — El Instituto de Seguridad Cibernética (representante Jung Gyeong-du) y la Asociación Coreana de Derecho Constitucional (presidente Ji Seong-u, profesor de la Universidad Sungkyunkwan) celebraron el día 20 en el Centro de Prensa de Corea una ceremonia de firma de un memorando de entendimiento (MOU) para promover la "colaboración en actividades de investigación relacionadas con las leyes, instituciones y políticas para la seguridad cibernética nacional".
El MOU incluye principalmente: colaboración en actividades de investigación sobre ciberseguridad; organización conjunta de eventos educativos y académicos; y otros proyectos relacionados con el intercambio y la cooperación mutua.
Jung Gyeong-du, representante del Instituto de Seguridad Cibernética, expresó su expectativa: "Cada vez son más las voces que piden la promulgación de una Ley Marco de Seguridad Cibernética para una respuesta integral a nivel de todo el gobierno ante las amenazas a la seguridad cibernética. Por ello, el Instituto de Seguridad Cibernética está brindando apoyo legislativo desde el sector privado para que esta ley pueda ser promulgada. Con este acuerdo, se logrará un intercambio continuo y una cooperación sistemática con la asociación, lo que revitalizará las actividades de investigación para el establecimiento de las leyes e instituciones pertinentes".
Ji Seong-u, presidente de la Asociación Coreana de Derecho Constitucional, dijo: "Durante más de 30 años, la Asociación Coreana de Derecho Constitucional ha desempeñado un papel en la transmisión de resultados significativos de la investigación en derecho constitucional a nuestra sociedad y al país, y en permitir que muchas personas resuenen con ellos. Este acuerdo con el Instituto de Seguridad Cibernética, una institución de investigación privada en seguridad cibernética, será una oportunidad para que la investigación y la educación en leyes e instituciones de seguridad cibernética den un salto a una nueva etapa".
Los asistentes al evento evaluaron positivamente la actividad de investigación de la Ley Básica de Seguridad Cibernética liderada por el sector privado, académicos y centros de investigación, y coincidieron en que el gobierno y el parlamento deben actuar de manera más proactiva para promulgar la ley.
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