2024.08.10. The Fair Economy — El Ministerio de Justicia anunció recientemente que el proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia fue aprobado por unanimidad el día 8 a las 4:40 p. m. (hora local de Nueva York, EE. UU.) en Nueva York.
Según el Ministerio de Justicia, el gobierno surcoreano envió una delegación gubernamental compuesta por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Suprema y la Policía Nacional para participar en las negociaciones de la octava sesión del Comité Ad Hoc para la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que se celebró desde el 29 de julio en la sede de la ONU en Nueva York.
Este proyecto de convención es el primer instrumento de la ONU en el ámbito cibernético y el primero en materia penal en unos 20 años desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
Ante el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la expansión de la ciberdelincuencia transfronteriza, que hacen imprescindibles las normas y estándares internacionales, la comunidad internacional, con la aprobación de este proyecto, está a punto de lograr el primer tratado multilateral global que regula el ámbito cibernético.
En cuanto a su contenido principal, el proyecto de convención obliga a cada país a establecer normas de sanción penal no solo para los ciberdelitos que vulneran sistemas de TIC, sino también para delitos cuyo daño resulta grave cuando se cometen en el ciberespacio, como los delitos sexuales en línea, la falsificación de información electrónica y el phishing en línea.
También estableció criterios para que los países adopten un marco legal unificado en relación con los procedimientos de "recopilación de pruebas", como la conservación de datos y los registros e incautaciones, y con los requisitos y procedimientos de "cooperación internacional", como la extradición y la asistencia judicial mutua en materia penal, con el fin de responder a estos delitos.
Para responder conjuntamente a nivel mundial a la ciberdelincuencia, se acordó esforzarse en establecer sistemas y legislación de prevención del delito y adoptar medidas de apoyo sistemático para la asistencia técnica y el intercambio de información sobre ciberdelincuencia destinados a los países en desarrollo.
Durante el proceso de elaboración no hubo discrepancias sobre la necesidad de la cooperación internacional contra la ciberdelincuencia, pero sí hubo no pocas diferencias de opinión sobre los medios y métodos para llevarla a cabo.
Por ejemplo, hasta el final fue incierto si podría conciliarse la postura de que "deben establecerse mecanismos suficientes para prevenir las violaciones de derechos humanos que puedan producirse durante el intercambio de información sobre ciberdelincuencia" con la postura de que "establecer mecanismos excesivos de garantía de derechos humanos en el proceso de cooperación internacional más bien obstaculiza la respuesta a la ciberdelincuencia".
A pesar de la aguda confrontación entre estas posturas, los países participantes en la negociación, incluso prorrogando una sesión, lograron de manera dramática un acuerdo sobre el proyecto mediante concesiones y compromisos.
El gobierno participó activamente en el proceso de elaboración enviando, en cada sesión, una delegación gubernamental compuesta por los ministerios pertinentes al Comité Ad Hoc para la elaboración del proyecto de convención de la ONU contra la ciberdelincuencia, que se prolongó durante unos dos años y medio, con el fin de buscar el aumento de los intereses nacionales sin que el proyecto entrara en conflicto con las leyes y sistemas surcoreanos.
La delegación cooperó estrechamente con los países de ideas afines para que el proyecto lograra los dos objetivos de responder a la ciberdelincuencia y garantizar los derechos humanos. En particular, en cuestiones de aguda confrontación, como el ámbito de aplicación de la convención, propuso nuevas propuestas de mediación y desempeñó activamente el papel de mediador, logrando que dichas propuestas se reflejaran en el proyecto final.
La elaboración del proyecto es el fruto de las discusiones multilaterales para reforzar la cooperación internacional contra la ciberdelincuencia, que comenzaron con el primer período de sesiones en febrero de 2022 y se prolongaron durante unos dos años y medio. Una vez adoptado formalmente y en vigor, se establecerá una red de cooperación contra la ciberdelincuencia en la que podrán participar todos los países del mundo, y se espera que, sobre esta base, sea posible la conservación y el intercambio rápidos de pruebas en formato electrónico.
El proyecto, tras los trabajos de revisión del texto y su traducción a los seis idiomas oficiales de la ONU, será adoptado formalmente en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno tiene previsto impulsar activamente los procedimientos de firma y ratificación y adecuar la legislación nacional necesaria.
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