Florencia es la cuna del Renacimiento y el lugar donde nació el capitalismo comercial. En los siglos 13 y 14, los florentinos crearon la contabilidad por partida doble, el seguro marítimo, las sociedades holding y las letras de cambio, y construyeron una red financiera internacional que se extendió hasta Francia y Londres. Sin embargo, la nueva riqueza y el poder provocaron la reacción popular. El monje Savonarola reprendió a la élite que no compartía sus beneficios con la comunidad. Maquiavelo extrajo una lección de ello: el pueblo desea no ser oprimido y la élite busca dominar, por lo que el gobernante debe aliarse con el pueblo, no con la élite, para tener éxito.
Esta lección también es aplicable a la aplicación actual de las leyes de competencia. Las autoridades de competencia ejercen fuerza sobre los participantes del mercado, pero su función se limita a proteger a la ciudadanía de los comportamientos anticompetitivos. Así como nuestra labor no es proteger los beneficios de las empresas reguladas, tampoco es diseñar el mercado según nuestras ideologías o preferencias partidistas. Tanto una visión estrecha que depende únicamente del juicio de la gerencia, como una visión excesiva que intenta planificar la economía desde una sala de juntas, son tentaciones del 'elitismo'. Debemos seguir la visión 'popular' de los fundadores de Estados Unidos: un gobierno moderado.
Para ello, hay que inculcar la prudencia. No significa ser tímido, sino la virtud clásica de discernir, elegir y ejecutar los mejores medios para alcanzar un fin. El objetivo de la legislación de competencia es la prosperidad del país y de los ciudadanos. Queremos proteger mercados libres, justos y competitivos porque la experiencia nos ha enseñado que ese sistema hace que trabajadores, comerciantes, agricultores y banqueros sean productivos e innovadores.
El sistema de libre empresa de los Estados Unidos ha creado la economía más fuerte y la cultura empresarial más innovadora de la historia, sacando a innumerables personas de la pobreza. Sin embargo, la búsqueda de beneficios es un medio para lograr el bien común, no un fin en sí mismo. Si la búsqueda de beneficios no fomenta la producción, la innovación o la competencia, debe ser regulada. Las leyes antimonopolio y las leyes de protección al consumidor son formas de esa moderación moral. Incluso Adam Smith, considerado el santo patrón del libre mercado, veía el monopolio como un enemigo del bien común. Su solución no era reprimir la búsqueda de beneficios, sino aumentar el número de personas y empresas que buscan beneficios en una industria monopolizada.
Si tras investigar una fusión se determina que esta no perjudica sustancialmente la competencia, las autoridades de competencia simplemente deben dar un paso al lado. Sin embargo, cuanto más importante es el caso, menos sencillo resulta. Si coexisten efectos procompetitivos y anticompetitivos, hay que evaluar si es posible separarlos, si las medidas correctivas pueden proteger la competencia al mismo nivel que una victoria en los tribunales, y cuáles son las probabilidades de ganar un litigio frente a las consecuencias de perderlo.
La prudencia es más necesaria en las fusiones verticales. A diferencia de las fusiones horizontales, en las que se unen competidores, las fusiones verticales, en las que se unen empresas de etapas diferentes de la cadena de suministro, presentan amenazas sutiles. La empresa resultante podría bloquear el acceso de un competidor a materias primas o aumentar sus costos, o podría obtener información confidencial del competidor y desanimar su voluntad de invertir. Al mismo tiempo, casi todas las fusiones verticales muestran eficiencias que eliminan el doble margen y reducen los costos de transacción, lo que baja los precios.
En estos casos, un acuerdo con medidas correctivas conductuales adecuadamente diseñadas puede ser la mejor opción. Si se bloquea una fusión cuyos beneficios a largo plazo son claros, aunque sus preocupaciones a corto plazo sean grandes, la sociedad pierde esos beneficios. También hay que observar la realidad: las autoridades de competencia de EE. UU. no llevaron ni un solo caso de integración vertical a juicio entre 1980 y 2017, y desde 2017 han litigado cinco casos, perdiendo todos excepto uno. Los tribunales consideran las promesas conductuales que las empresas ofrecen por sí mismas como evidencia crucial para mitigar las preocupaciones.
Por supuesto, las medidas correctivas comportamentales no son una solución universal. Algunas fusiones deben bloquearse incluso a riesgo de litigio. Es fácil caer en recetas de parche que cubren malas transacciones, y las autoridades de competencia pueden terminar vigilando continuamente a empresas individuales en lugar de la competencia del conjunto económico. Si, como en la administración anterior, se rechazan sistemáticamente las medidas correctivas, solo quedarán las opciones de bloquear la transacción o no hacer nada, permitiendo que fusiones anticompetitivas que podrían haberse corregido mediante un acuerdo persistan dentro de los límites presupuestarios. Además de las medidas tradicionales como la prohibición de discriminación o barreras de información, se podrían incluir cláusulas que arbitren disputas a expensas de la empresa fusionada, protejan a los clientes que denuncien violaciones y ayuden a los clientes que deseen cambiar de proveedor.
La aplicación prudente surge de una evaluación fría de los medios basada en la experiencia, las condiciones y los resultados previstos. Una visión del papel rígida y expansiva impide ver la ley, la jurisprudencia y la realidad del mercado. Una perspectiva 'popular' que mira con humildad sus propios poderes y responsabilidades hace que las autoridades de competencia sean más prudentes y, por tanto, más exitosas.
Fuente: Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), discurso en la conferencia de derecho de competencia de la International Bar Association (IBA) (5 de septiembre de 2026, Florencia, Italia).
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