2026.10.26. The Fair Economy — Joo Byeong-gi, presidente de la Comisión de Comercio Justo, propuso reforzar las facultades de investigación del organismo para poder imponer a las empresas que se nieguen a cooperar con una investigación una multa equivalente al 1% de sus ventas totales. También expresó la opinión de que debería reformarse la Ley de Grandes Empresas de Distribución —que actualmente solo permite imponer multas administrativas por obstrucción a la investigación— para introducir multas sancionadoras y recargos coercitivos.
El presidente Joo hizo estas declaraciones el día 25 en el programa 'Diagnóstico Dominical en Vivo' de KBS 1TV.
Ese día manifestó que no es necesario otorgarle a la Comisión facultades de investigación forzosa. Explicó que, dado que la mayoría de las empresas cooperan con las investigaciones administrativas, las facultades de investigación actuales bastan para aplicar la ley sin mayores inconvenientes. Añadió: "Si una empresa se niega a la investigación, reforzar las facultades de investigación imponiendo una multa de hasta el 1% de las ventas totales, en lugar de limitarse a un 'castigo simbólico', sería más eficaz para la aplicación de la ley".
Otras leyes bajo la jurisdicción de la Comisión permiten imponer multas sancionadoras, recargos coercitivos y sanciones penales por obstrucción a la investigación, pero la Ley de Grandes Empresas de Distribución, que es la base legal de la investigación a Coupang, solo permite imponer multas administrativas. En este caso, el límite de la multa administrativa es de 200 millones de wones (unos 140,000 dólares). Como se trata de la primera infracción de Coupang, el límite aplicable se reduce a 100 millones de wones (unos 70,000 dólares).
En agosto, la Comisión visitó las oficinas de Coupang para investigar presuntas infracciones de la Ley de Grandes Empresas de Distribución, pero se retiró después de que Coupang se negara a cooperar alegando problemas con el procedimiento de notificación previa, entre otros motivos. Ese mismo mes, Coupang presentó una demanda para anular la medida y solicitó la suspensión de su ejecución; tras que el tribunal rechazara la solicitud el 23 de septiembre, la empresa apeló. La Comisión envió un informe de revisión en el que propone imponer una multa administrativa por obstrucción a la investigación, y el caso se encuentra actualmente en deliberación.
El punto en disputa es si la obligación de notificación previa con siete días de antelación, establecida en la Ley Marco de Investigación Administrativa, también se aplica a las investigaciones bajo la Ley de Grandes Empresas de Distribución. Coupang argumenta que ocho leyes bajo la jurisdicción de la Comisión, como la Ley de Comercio Justo y la Ley de Subcontratación, están excluidas de esta disposición, pero que la Ley de Grandes Empresas de Distribución no figura en esa lista de excepciones.
La Comisión responde que, dado que la Ley de Grandes Empresas de Distribución aplica por analogía las disposiciones de investigación de la Ley de Comercio Justo, no existe obligación de notificación previa. Como el rechazo de la solicitud de suspensión de ejecución por parte del tribunal no constituye una conclusión sobre la legalidad de la investigación, se prevé que esta cuestión se resuelva en el juicio de fondo.
El presidente Joo calificó a Coupang como "una empresa de peso pesado que representa a Corea del Sur" y le exigió actuar con la responsabilidad correspondiente a su categoría. Ante las acusaciones de Estados Unidos de que se discrimina a las empresas extranjeras, replicó: "La aplicación de la ley por parte de la Comisión no discrimina por nacionalidad, y la tasa de multas impuestas a las empresas nacionales es más alta". Explicó que el hecho de que las multas a empresas extranjeras sean mayores en términos absolutos se debe a que compañías como Google y Microsoft tienen ventas relacionadas mucho más altas.
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