2026.11.04. The Fair Economy — Un alto cargo de la ciudad japonesa de Kawasaki fue detenido por la policía, sospechado de haber filtrado a un empresario del sector el precio no divulgado de una licitación de obras de pintura e impermeabilización que la ciudad había adjudicado en 2024. El detenido es Sekiguchi Takao, jefe de departamento de la Oficina de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Kawasaki. La policía también registró la sede de la Asociación de Empresas de Pintura de Kawasaki.
Varios medios japoneses, entre ellos NTV News y Asahi Shimbun, informaron el día 4 de que la policía de la Prefectura de Kanagawa había detenido al jefe de departamento Sekiguchi.
Según estos medios, la policía le imputó, entre otros cargos, la infracción de la Ley de Prevención de Colusión en Licitaciones Públicas. Se sospecha que el detenido filtró información a una asociación empresarial local antes de la licitación de obras de pintura e impermeabilización de instalaciones públicas. En aquel momento era jefe del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones, encargado de las obras en instalaciones municipales. La información filtrada fue el precio estimado de la obra, un dato que no se divulga públicamente.
La policía registró la mañana del día 4 la sede de la asociación, ubicada en Kawasaki-ku. Las autoridades planean continuar la investigación para determinar si hubo irregularidades también en otras obras.
El nombre oficial de la Ley de Prevención de Colusión en Licitaciones Públicas es "Ley sobre la Eliminación y Prevención de Actos de Participación en Colusión de Licitaciones y el Castigo de Actos de Funcionarios que Dañan la Imparcialidad de las Licitaciones". Se promulgó en 2002 para impedir que empleados de organismos adjudicadores participaran en la colusión de licitaciones, y una reforma de 2006 añadió disposiciones para castigar individualmente a los empleados.
Entre los actos de participación en colusión de licitaciones que define la ley se encuentran instigar la colusión, designar de antemano a quien será la contraparte del contrato, revelar información confidencial sobre licitaciones y contratos, y ayudar a la colusión. Si un empleado, aprovechando su cargo y en contra de sus deberes, revela a un empresario un secreto de la licitación como el precio estimado, se castiga con hasta 5 años de prisión o una multa de hasta 2,5 millones de yenes (unos 16 500 dólares), aunque no llegue a configurarse la colusión.
El artículo 96-6 del Código Penal castiga los actos que dañan la imparcialidad de las licitaciones públicas competitivas. Quien dañe la imparcialidad de una licitación pública mediante engaño o coacción se expone a hasta 3 años de prisión o una multa de hasta 2,5 millones de yenes (unos 16 500 dólares). La misma pena se aplica a quien conspire con el fin de dañar un precio justo u obtener un beneficio ilícito.
La Ley para la Promoción de la Adecuación de las Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, promulgada en 2000, obliga a los organismos contratantes a publicar información sobre el proceso de licitación y contrato. Dado que se señala que hacer público el precio estimado antes de la licitación facilita que las empresas acuerden precios, muchas administraciones locales lo publican después de abrir las ofertas. En ese caso, el precio estimado es información no pública hasta antes de la licitación, por lo que su filtración se convierte en un problema que daña la equidad del proceso.
Si se confirma la colusión instigada por el gobierno, la Comisión de Comercio Justo de Japón puede exigir al organismo adjudicador que adopte medidas correctivas. El organismo adjudicador debe entonces investigar si existen motivos para sancionar disciplinariamente al empleado involucrado y estudiar la posibilidad de reclamar una indemnización por daños.
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