2026.10.24. The Fair Economy — El Servicio de Adquisiciones Públicas elaboró las "Medidas contra las licitaciones indiscriminadas en la compra de bienes", destinadas a impedir la participación indiscriminada en licitaciones de empresas sin capacidad para cumplir los contratos.
La Agencia anunció que implementará plenamente este plan a partir del 16 de noviembre.
El plan incluye tres tareas principales: la imposición de una fianza de licitación a las empresas sospechosas de ser sociedades pantalla, la presentación obligatoria de un certificado de evaluación crediticia cuando el registro de artículos en la categoría 'otros suministros' supere los 500, y la restricción de la elegibilidad para licitar de las empresas que abandonan sistemáticamente las revisiones.
Se exigirá fianza de licitación a las empresas sospechosas de ser empresas fantasma. Como resultado de la operación piloto desde agosto pasado, el número promedio de empresas que presentaron ofertas por licitación se redujo de 355 a 57, un descenso del 83,9%, y la clasificación promedio de adjudicación mejoró de 41 a 1,5.
A partir de 2027, las empresas que registren más de 500 productos en la categoría de "otros suministros" deberán presentar obligatoriamente un certificado de calificación crediticia, cuya vigencia se fijará en un año.
Se reforzará el control sobre las empresas que renuncian habitualmente a la evaluación de adjudicación. Aquellas que no presenten los documentos de evaluación o renuncien a ella sin una razón justificada verán restringida su calificación para participar en licitaciones.
El número de renuncias habituales a la evaluación que sirve de criterio para imponer la garantía de licitación también se endurecerá, pasando de cinco a dos o más veces. Esta medida entrará en vigor en enero de 2027.
La Agencia ha llevado a cabo medidas de seguimiento, como la modificación de las regulaciones pertinentes y la construcción de sistemas, para este plan.
El núcleo del plan consiste en pasar de un enfoque que sancionaba tras la aparición del problema a uno que bloquea preventivamente la participación indiscriminada de empresas con capacidad de suministro insuficiente o identidad poco clara, desde su entrada en el mercado de adquisiciones públicas hasta las fases de licitación y contrato.
Baek Seung-bo, director del Servicio de Adquisiciones Públicas, afirmó: "En las adquisiciones públicas, lo más importante es crear un entorno en el que las empresas puedan competir de forma justa", y añadió: "Erradicaremos las prácticas de las empresas sin capacidad de cumplimiento contractual que perjudican el orden de los contratos públicos mediante licitaciones indiscriminadas, para construir un ecosistema de adquisiciones justo que permita a las empresas sólidas obtener los contratos".
Desde 2021, el Servicio de Adquisiciones Públicas ha impulsado en tres ocasiones medidas de mejora para impedir las licitaciones indiscriminadas en el ámbito de la compra de bienes, entre ellas la conversión a licitaciones de fabricación y la creación de la obligación de ejecución directa.
Sin embargo, se ha señalado que el enfoque de depender de medidas posteriores y la dificultad para verificar la intervención de intermediarios tiene limitaciones. Por ello, en enero de este año se elaboró un cuarto plan de erradicación y, tras llevar a cabo medidas de seguimiento como la modificación de regulaciones y la construcción de sistemas, se ha procedido a su implementación plena.
En el mercado de licitaciones de bienes de adquisición pública se ha señalado como un vicio crónico el llamado sistema de licitación "de lotería" —basado más en la suerte que en la capacidad—, en el que se movilizan cientos de empresas fantasma o prestanombres para presentar ofertas, de modo que, si resultan adjudicatarias, el contrato se transfiere a corredores o al fabricante real a cambio de una comisión.
Esto no solo impide que las pequeñas y medianas empresas honestas, que cuentan con instalaciones y personal legítimos, obtengan oportunidades de adjudicación, sino que además, tras la adjudicación, provoca la renuncia al cumplimiento del contrato o un deterioro de la calidad, lo que ha generado críticas persistentes por retrasar los proyectos de las instituciones públicas y desperdiciar recursos administrativos.
El Servicio de Adquisiciones Públicas revisó en julio el "Reglamento de Procesamiento de Compras Internas del Servicio de Adquisiciones Públicas" para endurecer progresivamente los criterios de imposición de la garantía de licitación. Desde el 3 de agosto de ese mismo año, se impuso la garantía de licitación a todas las empresas que participaran en productos con alto riesgo de licitación indiscriminada, y a partir del 1 de noviembre estaba previsto imponer también la garantía a las empresas sospechosas de ser compañías fantasma seleccionadas mediante análisis de datos.
El 23 de julio se designaron nueve productos con alto riesgo de licitación indiscriminada. Los productos son: cromatógrafo de líquidos, espectrómetro de masas, dispensador y envasador de medicamentos, comprobador de semiconductores, osciloscopio, equipo de formación educativa, equipo de deposición al vacío, cascos y espectrómetro infrarrojo. Estos productos se seleccionaron evaluando de manera integral el número de anuncios en los últimos tres años, la restricción de sectores, el número promedio de postores y la clasificación de adjudicación.
Desde el 31 de agosto se aplicó, en los contratos de obras de construcción sujetos a la Ley de Contratos del Estado, una medida que destina al tesoro nacional la garantía de licitación de las empresas que no cumplen los criterios de registro como contratistas de construcción. Esta sanción, más severa que la exclusión previa de la adjudicación mediante penalización en la evaluación de idoneidad, consiste en la confiscación de una garantía equivalente al 5 % del monto de la oferta. El Servicio de Adquisiciones Públicas planea extender esta medida a las obras sujetas a la Ley de Contratos Locales.
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